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Opinión

Permisología ambiental: el freno que Chile se puso a sí mismo

Permisos que por ley deberían tardar seis meses hoy demoran años. Minería, energía y agricultura pagan la cuenta, y con ellas, el crecimiento del país.

Beto Salinas

22 de octubre de 2026 · 2 min de lectura

Un permiso que debería tardar seis meses hoy demora en promedio 49. Eso no es protección ambiental: es un país detenido.

En Chile, la «permisología ambiental» se convirtió en uno de los mayores obstáculos para la inversión y el crecimiento.

Los procesos largos y burocráticos para obtener permisos afectan directamente la viabilidad de nuevos proyectos. Es alarmante, sobre todo cuando el país necesita reactivar su economía y mejorar su infraestructura.

Y cuesta entender las demoras. Algunas rozan el antojo y un radicalismo dogmático que, literalmente, nos tiene detenidos.

El impacto en cada sector

Los plazos varían según el tipo de proyecto, pero en todos los casos son un problema serio.

Minería. Un proyecto minero puede enfrentar hasta 10 años de trámites: 24 meses para la concesión y otros 100 meses para iniciar operaciones.

Obras hidráulicas y concesiones marítimas. Los permisos de obra hidráulica mayor, que por ley deberían tardar seis meses, hoy demoran en promedio 49. Las concesiones marítimas, con el mismo plazo legal, están tardando 34 meses.

Un permiso que debería tardar seis meses hoy demora en promedio 49. Eso no es protección ambiental: es un país detenido.

Energías renovables. Pese a la demanda y al enorme potencial de Chile, los parques eólicos y solares enfrentan hasta cinco años de trámites, con obras en curso y riesgo de perder parte importante de la inversión en el camino. El parque eólico más grande de Latinoamérica sigue en tramitación, con avances menores y un desgaste enorme para mantenerlo viable.

Agricultura. Los proyectos de riego e infraestructura, clave para la productividad y para enfrentar la sequía, también esperan años. La ampliación del Canal Maule Norte, que busca mejorar la distribución de agua de riego, lleva varios años de demoras en sus permisos ambientales, afectando a más de 5.000 agricultores. Las pérdidas se estiman en cientos de millones de dólares, con efectos en la competitividad del sector y en la seguridad alimentaria del país.

El costo económico

Estas demoras no solo espantan a los inversionistas: frenan el crecimiento de todo el país.

Según el Banco Central, la inversión cayó 1,1% en 2023 y se esperaba otra baja de 2% en 2024. El estancamiento se ve en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: en 2023 ingresaron solo 570 proyectos, la cifra más baja desde 2012.

¿Qué hacemos para mejorar?

Hay que agilizar los permisos, y el camino es conocido:

  • Reglas claras y estables, conocidas por todos.
  • Plazos razonables que se cumplan.
  • Un sistema de permisos unificado que reduzca la burocracia y la discrecionalidad.

El proyecto de ley de autorizaciones sectoriales es un paso positivo: busca acortar la tramitación, dar más certeza jurídica y unificar permisos. Aun así, tiene áreas por mejorar, como los plazos, la gobernanza y la potestad reglamentaria.

No es un trámite: es crecimiento

Modernizar los permisos ambientales no es una necesidad administrativa. Es un imperativo para el crecimiento sostenible de Chile.

Una permisología eficiente es la condición para aprovechar el potencial de la minería, la energía y la agricultura, y para que Chile retome la senda del crecimiento y del desarrollo social.

Firma de Beto Salinas

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