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Análisis

El mercado ya decidió: la sostenibilidad en Chile no espera permisos

Menos regulación ambiental no significa menos exigencia. El capital, los clientes y la Ley REP siguen subiendo la vara, gobierne quien gobierne.

Beto Salinas

12 de noviembre de 2026 · 4 min de lectura

Si tu empresa no está en ese mapa, el capital simplemente te sale más caro. No hay ideología en eso. Es matemática financiera.

Chile amaneció el 2026 con un nuevo gobierno que prometió en campaña «menos permisos, más inversión». En sus primeras semanas, la administración Kast retiró 43 decretos ambientales del gobierno anterior y desbloqueó 51 proyectos del SEIA valorizados en USD 16.000 millones.

La señal política es clara. El problema es que muchos empresarios la están leyendo mal.

Pensar que «menos regulación ambiental» equivale a «puedo ignorar la sostenibilidad» es uno de los errores estratégicos más caros que una empresa chilena puede cometer hoy. Y los datos lo muestran con una contundencia que no admite debate.

Los números con que el mercado ya habló

En 2025, la emisión de bonos sostenibles en Chile creció un 132% respecto del año anterior y llegó a $1,38 billones: el 14,34% de todo lo emitido en el mercado local.

Esa cifra no la generó el Ministerio del Medio Ambiente. La generó el mercado de capitales: inversionistas institucionales, fondos de pensiones y bancos internacionales decidiendo dónde poner su dinero. Y eligieron empresas con estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Chile fue además el primer país del continente americano en emitir bonos verdes soberanos, y hoy es referente regional en finanzas sostenibles. La Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), lanzada en mayo de 2025, ya entrega un mapa que bancos y fondos usan para decidir a quién financian y a qué costo.

Si tu empresa no está en ese mapa, el capital simplemente te sale más caro. No hay ideología en eso. Es matemática financiera.

Ley REP: la regulación que nadie está mirando

Mientras el debate político se concentra en el SEIA y en la gran permisología, hay una ley que avanza en silencio y que va a golpear la cadena de valor de casi todos los sectores: la Ley REP, de Responsabilidad Extendida del Productor.

Ya cubre siete productos prioritarios: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y, desde junio de 2025, textiles.

Quien produce, importa o comercializa estos productos tiene obligaciones concretas:

  • Registrarse en el RETC.
  • Crear o sumarse a un sistema de gestión de residuos.
  • Cumplir metas de recolección y reciclaje.
  • Reportar cada año al Ministerio del Medio Ambiente.

El incumplimiento puede costar multas de hasta 10.000 UTA, aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. El costo de cumplimiento para la industria se estima en USD 2.346 millones para 2025.

La pregunta no es si vas a absorber ese costo. Es cómo: de forma inteligente, convirtiéndolo en eficiencia operacional y diferenciación, o pagando multas y perdiendo contratos con clientes que exigen cadenas de valor limpias.

El verdadero riesgo no es el regulador: son tus clientes e inversionistas

Aquí está la paradoja que pocos directivos ven con claridad: la desregulación libera presión desde el Estado, pero no desde el mercado. Y el mercado es bastante más exigente que cualquier inspector.

Las corporaciones internacionales que compran en Chile, los retailers europeos y norteamericanos y los fondos que financian expansiones tienen sus propios estándares. Muchos ya aplican la directiva CSRD de la Unión Europea, que obliga a reportar impactos ambientales en toda la cadena de suministro, incluidos los proveedores chilenos.

Si tu empresa no tiene indicadores ESG auditados, deja de ser proveedor elegible. Así de directo.

La Norma 461 de la CMF sigue vigente: las empresas con patrimonio sobre 1 millón de UF deben reportar indicadores ESG. El gobierno puede cambiar decretos, pero no lo que exigen los mercados de capital internacionales de los que Chile depende.

Qué hace hoy una empresa inteligente

Lo que hace una empresa inteligente no cambia con el ciclo político:

  • Mide su huella ambiental, no porque lo pida un inspector, sino porque ese dato revela ineficiencias, baja costos y abre financiamiento más barato.
  • Implementa modelos circulares, porque alargar la vida útil de los materiales es rentable.
  • Reporta ESG, porque los inversionistas y clientes de quienes no lo hacen se van con quienes sí.

Según la Fundación Ellen MacArthur, las empresas que adoptaron modelos circulares han visto alzas de rentabilidad que superan el 30%. En Chile, IANSA estructuró con Santander un crédito sindicado de USD 53 millones vinculado a objetivos ambientales, y Oxiquim obtuvo $5.000 millones de financiamiento atado a metas ESG.

Esto no es filantropía. Es arquitectura financiera.

El error de los dos extremos

Hay dos posturas equivocadas frente al escenario de 2026.

La primera es el activismo que bloquea cualquier proyecto sin distinguir impactos reales de impactos percibidos. Ese extremo ya le costó a Chile años de crecimiento, inversiones que se fueron a otros países y empleos que no se crearon.

La segunda, y la más peligrosa para las empresas, es la del directivo que ve el cambio de gobierno como patente de corso para postergar la agenda de sostenibilidad. Es el ejecutivo que en tres años tendrá que explicarle a su directorio por qué perdieron contratos internacionales, por qué subió el costo de capital o por qué pagan multas de la SMA que eran perfectamente evitables.

La sostenibilidad bien entendida nunca fue ambientalismo. Siempre fue gestión eficiente de recursos, menos riesgo operacional y mejor acceso a mercados y capital. Eso no cambia con quien esté en La Moneda. Cambia con lo que decidan hoy los directorios.

Firma de Beto Salinas

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